“Ecuador vive un entorno económico y social complejo, luego de 10 años de correísmo que generaron enormes desequilibrios en todos los aspectos de la convivencia nacional”.

El actual Gobierno tuvo que retrasar los ajustes económicos ante la necesidad de poner orden en otros campos, sobre todo en lo institucional y lo político. Ese tiempo “perdido” ha significado una mayor acumulación de desajustes económicos, en particular pagos importantes de deudas que vienen del pasado, y nuevas necesidades que han surgido al mantenerse un déficit fiscal relativamente elevado.

Por eso el país entró en un programa con el FMI, que no es el marco ideal (siempre es mejor hacer las cosas sin presión externa), pero sí era necesario para generar la confianza externa de que caminaríamos en buena dirección.

Así es como se estableció el programa con el FMI (al inicio con compromisos demasiado exigentes, ahora más razonables), en el que había algunas pautas importantes en este sendero.

Uno: decisiones que pongan orden en las cuentas públicas (ingresos y gastos, incluyendo el IVA, la eliminación del subsidio a los combustibles y/o concesiones de empresas públicas). Dos: reformas legales para asegurar un mejor manejo de las finanzas públicas presentes y futuras. Tres: en el campo monetario, reformas legales para asegurar la independencia del Banco Central y asegurar que el Gobierno no volviera a tomar los fondos de la banca (es decir nuestros) depositados en el Banco Central. Cuatro: reformas laborales previstas inicialmente hacia 2020 o 2021 (la agenda se ha adelantado más, por la presión interna de diversos grupos, que por el compromiso con el FMI).

Cada persona tiene su orden de prioridad de estos temas. Creo que el orden de importancia era: 1.- Disminución del gasto improductivo del Gobierno. 2.- Reforma laboral, 3.- Eliminación del subsidio a los combustibles. 4.- Otros aspectos de la reforma tributaria y fiscal.

¿Cómo se compara este orden de prioridad, con los objetivos señalados en el programa con el FMI y con lo que se ha ido logrando?

1.- ¿Disminución del gasto improductivo? Relativamente poco en materia de gasto corriente, aunque se supone que en 2020 habrá un mayor esfuerzo.

2.- ¿Reforma laboral? Indispensable, y vamos por un camino muy lento e incierto en las discusiones del Gobierno con diversos grupos sociales. El marco laboral en el país es demasiado costoso para la contratación y el despido, demasiado inflexible y complejo para la vida laboral normal; atenta contra el deseo de cualquier persona de contratar trabajadores, y contra cualquier sentido común básico.

3.- ¿Eliminación del subsidio a los combustibles? Las revueltas de octubre lo impidieron (en parte porque el planteamiento del Gobierno fue muy abrupto y mal manejado). En todo caso es un tema que, basado en focalización, tiene mucho sentido y debe hacerse. Por eso en la pro forma del 2020 están previstos alrededor de 700 millones de dólares en este aspecto.

4.- ¿Otros aspectos tributarios y fiscales? Son aquellos de la reciente ley enviada a la Asamblea (de muy mala manera, por cierto, porque 400 artículos en una ley urgente de 30 días es totalmente insensato) que quedó ahí archivada.

Ahora hay un nuevo proyecto, más corto y manejable. Ahí existen dos temas fundamentales: el impuesto especial por tres años del 0.1 a 0.2% de los ingresos de las empresas, que solo se ha agregado al no haber obtenido el Fisco. Los ingresos por la eliminación del subsidio a los combustibles; y, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Más algunas cosas de menor importancia.

¿Es esto suficiente? Sin duda no lo es. Hay que volver como país a pensar en las primeras tres prioridades antes señaladas y quizás otras más: la apertura a la economía mundial o la integración de los campesinos pobres a los mercados con productos de más valor; si no, solo navegaremos hasta el 2021…