Por la ordenanza 019 surge debate en la producción avícola en el Distrito Metropolitano de Quito.

En el Distrito Metropolitano de Quito, varias ONGs animalistas exhortan a las autoridades municipales impulsar cambios radicales en la crianza de aves, modificaciones incomprensibles desde la perspectiva de quienes producen esta proteína de alto rendimiento.

La industria de producción de huevos comerciales, principalmente en los países desarrollados, se ha convertido en el blanco de grupos activistas. Esta protesta llegó al Ecuador, sobre todo al Distrito Metropolitano de Quito, donde se ha publicado una ordenanza para “que los animales se desarrollen con libertad y bienestar”.

Con estos argumentos se aprobó la ordenanza 019, promulgada el 5 de enero de 2021 y que «hace referencia a animales destinados a compañía, trabajo, oficio o asistencia, consumo, entretenimiento y experimentación. El objeto es regular y controlar la fauna urbana, garantizando los principios de bienestar animal en la tenencia, crianza, comercialización, reproducción, transporte y eutanasia en el Distrito Metropolitano de Quito...».

Germán Romo, representante del Colegio de Médicos Veterinarios de Pichincha, indicó que esta ordenanza limita la actividad pecuaria, en especial la avícola, razón por la cual solicitaron su modificación al exAlcalde Jorge Yunda. Con su salida, el proceso se estancó hasta que asumió el cargo Santiago Guarderas, quien dispuso a la Comisión de Salud revisar el tema.

“La ordenanza -señala Romo- se elaboró sin tomar en cuenta los argumentos y realidades del sector productivo. En las reuniones para elaborar la ordenanza no se invitó, ni estuvieron presentes los gremios productores pecuarios. No se socializó adecuadamente el tema, a pesar de que el sector genera más de 40 mil empleos, aporta a la economía con un mil 200 millones de dólares (Fuente: SRI) y entrega al consumidor alimentos de calidad”.

Agregó que “en general, si bien la ordenanza plantea importantes consideraciones de bienestar animal, existen definiciones que no han sido contextualizadas dentro del sistema productivo y cultural de los pueblos y nacionalidades indígenas y otros, que ponen en riesgo a la actividad avícola, especies menores y otras”.

“La ordenanza tampoco considera las jerarquías normativas que amparan a los animales y que fueron aprobadas en la Asamblea Nacional, como: la Ley Orgánica de Sanidad Animal, la reciente reforma al Código Ambiental y otras, donde se puntualiza que el responsable del bienestar de los animales de consumo es Agrocalidad y no los municipios”, explicó Romo.

Pese a que el alcalde Guarderas solicitó a la Comisión de Salud revisar la ordenanza, los ediles iniciaron la elaboración del reglamento con desconocimiento de las limitaciones de orden práctico en su aplicación. Por ejemplo, la aplicación de un microchip para la identificación de animales de compañía tiene limitaciones y justamente atenta contra el bienestar animal para especies animales de pequeño tamaño.

En debate

Por otro lado, la ordenanza incluye la prohibición del uso de jaulas, pese a que se ha establecido que es la mejor opción desde el punto de vista sanitario y de bienestar animal para algunas especies. Romo consideró que esta prohibición en el sector avícola de producción de huevos de mesa, implicaría un dramático incremento de costos de producción y precios al consumidor, nuevas inversiones por cambios en infraestructura, equipos, y energía para producir la misma cantidad de huevos que hoy se produce, además del importante impacto ambiental que se generaría al incrementar la huella de carbono, producción de residuos y empleo de agua.

Dijo que los estudios e investigaciones que se realizan en el mundo, son precisamente para garantizar un mayor y mejor alimento para la población que sigue creciendo desmesuradamente, buscando el adecuado balance entre el bienestar animal, la inocuidad de los alimentos, el impacto ambiental, y el acceso de la población a proteína de alta calidad. “En el año 2050 seremos 10 mil millones de seres humanos con serios problemas de alimentación”.

Romo calificó de “absurdas” las exigencias como prescindir de las líneas genéticas. Estas son más eficientes, consumen menos y producen alimentos inocuos y de excelente calidad; además de que permiten disminuir el impacto ambiental generando menos residuos y utilizan menos espacio físico.

Añadió, que es posible criar a las gallinas ponedoras en sistemas fuera de las jaulas, pero aumenta la inversión y los costos de producción del huevo como producto final, de tal manera que al menos se duplicaría el costo de este alimento que, por su bajo costo, está al alcance de toda la población. Además, la crianza de gallinas en sistemas libres de jaulas las expone a depredadores y a una mayor probabilidad de infección de enfermedades, a parásitos externos y mayor contaminación del huevo.

Las ONGs animalistas argumentan que las aves no deben ser alojadas en jaulas porque atenta contra su bienestar. Los sectores productivos insisten que el sector avícola en el Distrito Metropolitano cumple con toda la normativa, entre ella de bienestar animal, determinada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y Agrocalidad, entidades competentes. La normativa nacional a su vez se basa en los lineamientos de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).

“Los gremios profesionales y la industria no están en contra del bienestar de las aves; por el contrario, el bienestar animal es una de las mayores preocupaciones de todo veterinario y todo productor, pues asegura la mejor calidad del producto y la producción eficiente en granjas”, puntualizó Romo.

Precisó que “nuevas exigencias normativas deben ser implementadas coordinadamente buscando un adecuado balance entre el cumplimiento de la normativa internacional de bienestar animal, así como el cuidado del ambiente y, sobre todo, la accesibilidad de la población a alimentos sanos y acorde con el poder adquisitivo de la población ecuatoriana”.