Para Luis Poaquiza, representante del Clúster de Tungurahua, la autorización para importar maíz amarillo duro "fue necesaria porque el maíz nacional ya no está en el campo, por lo que no se verá perjudicado el agricultor maicero a quien el Estado lo protege".

El dirigente califica como "positiva" la decisión, aunque en la cantidad otorgada no lo ve como una solución, puesto que estima que se necesita 300 mil toneladas, y lo que se ha autorizado es una primera importación.

"Técnicamente hay sectores que no entienden lo que sucede en el país, cómo es la cadena y tienden a entorpecer las gestiones", dice al indicar que hay sectores que pueden almacenar maíz y disponer del grano, y que también existen los que no ven a toda la cadena de proteína animal y seudos dirigentes que se pronuncian porque "no se debe importar nada".

Indica que eso perjudica a los avicultores, por un lado compran la materia prima a costos elevados, lo que aumenta los costos de producción, y por otro, venden sus productos (pollo y huevos) a precios bajos.

Señala que en la segunda y tercera semanas de diciembre de 2017 se vendía el quintal de maíz a alrededor de 19 dólares, "ocasionando problemas al sector", porque estaba casi cinco dólares por encima del Precio Mínimo de Sustentación que está fijado en 14,90.

Poaquiza expresa que luego del anuncio de importación, el costo está entre 16,50 y 17 dólares, "un precio manejable, sin decir que eso perjudica a los maiceros, porque ya no tienen maíz y el valor no está por debajo del Precio Mínimo de Sustentación, donde se incluye un margen de ganancia".

Transparencia en cupos

El representante del Clúster de Tungurahua consideró que debe existir la información de cómo se calcula los faltantes para entregar los cupos de importación, y sugiere que estas socializaciones se realicen con actores reales porque muchas veces en las decisiones participan dirigentes que no representan a los sectores.

Poaquiza solicita al Ministerio de Agricultura y Ganadería que haga públicos los análisis de los faltantes, de los stocks de los que dispone el país, y que la información sea accesible para, en función de eso, tomar decisiones en el sector.

"En el 2015, los avicultores pagamos hasta 22 dólares por cada quintal de maíz".

Pide que en la asignación de los cupos se tome en consideración la producción que tiene cada gremio. Dice que, el Clúster de Tungurahua representa casi el 50% de la producción nacional de huevo comercial, y "paradójicamente en la asignación de cupos nos adjudican el 8%".

Manifiesta que con ese esquema les corresponde importar siete mil toneladas, que serán compradas a precios de entre 9 dólares el maíz y 11 dólares el trigo, aunque en la valoración final de las negociaciones habrá que incluir los costos de los servicios que corresponden. Por ejemplo, el maíz debe pagar un arancel del 45%, más el costo del flete y la administración, con lo que el valor final puede llegar a alrededor de los 14 dólares.

La explicación -sostiene- está en que el Reglamento de Comercialización establece que los cupos se darán en base de la absorción de la cosecha nacional. "Hay sectores industriales que tienen la capacidad para almacenar en sus silos, por lo que compran y adquieren las facturas para justificar ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y este les aprueba", explica.

Indica que todas las facturas suman en la Unidad de Registro de Transacciones y Facturación (URTF), pero aclara que el sector avícola compra maíz máximo para un mes y "no es como el caso de la industria de balanceado que compra por grandes volúmenes ya que tienen capacidad para almacenar".

Reconoce que el esquema de comercialización está basado en la compra de maíz, pero reitera que se debe calcular cuánto produce cada uno, por lo que solicitó al Ministerio de Agricultura y Ganadería modificar el reglamento.

En ese sentido acoge el llamado al diálogo propuesto por el Gobierno Nacional y la inclusión que en la política agrícola se está realizando a los productores medianos y pequeños.